La fragilidad de los derechos humanos en Colombia

En este día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde aquí queremos recordar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de las minas antipersonales en Colombia. El país sudamericano es el segundo país más minado del mundo. El gobierno calcula que existen casi 100.000 minas bajo tierra que han dejado más de 10.000 víctimas.

De acuerdo con los informes oficiales, la mayoría de estas víctimas civiles viven en el campo, donde los actores del conflicto armado, sin excepción, han utilizado estas armas como parte de su estrategia. Cultivando, cazando, desplazando el ganado o buscando agua, hombres, mujeres y niños del campo colombiano sufren el impacto de estas armas. Recordemos que estos artefactos explosivos son de muy bajo coste de fabricación (5 euros) y un altísimo coste de desactivación.

“La mina acaba con quien la pisa”, dijo a Global Humanitaria Diana Roa, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Roa explicó que, a diferencia de otros países, en el caso de Colombia las minas no son industriales, sino de fabricación casera: “no hay una mina igual a otra, son fabricadas en su mayoría de manera artesanal y con materiales que son familiares, como una lata de atún, una lata de leche en polvo, y el detonador es a veces la tapita de un bolígrafo”.

Estas minas artesanales contienen ácido, clavos, estiércol, tuercas y otros objetos punzantes que causan esquirlas más allá de la pierna o el brazo, miembros que casi indefectiblemente son destrozados por el impacto, que más que matar mutila. Con un coste equivalente a 5 euros puede fabricarse una mina quiebrapatas, como se las conoce popularmente, y su poder destructor puede alcanzar los 50 años.

De acuerdo con la experiencia de la Campaña Colombiana Contra las Minas, en Colombia no hay atención integral a las víctimas y quien ha recibido una prótesis -que perfectamente puede costar 2000 euros- puede considerarse un privilegiado que ha tenido la suerte de recibir la ayuda de una persona o bien de una organización no gubernamental nacional o internacional.

Las organizaciones no gubernamentales coinciden al afirmar en que esto se debe a falta de voluntad política o desidia. “Los recursos para atender a estas víctimas existen, la gente los paga a través de impuestos dirigidos a un fondo de asistencia a víctimas, sin embargo todos los años se queda una parte importante del presupuesto sin ejecutar, entonces el problema no es el dinero, sino la gestión”, indicó a Global Diana Roa.

Imagen: G.Díaz/Global Humanitaria