Colombia: Al borde de la paz

El 23 de junio las delegaciones de paz del Gobierno y de la FARC-EP anunciaron desde Cuba que llegaron a un acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, el desarme de la insurgencia y las garantías de seguridad. El anuncio no es todavía el final, pero sí uno de los más importantes para alcanzarla y poner fin a un conflicto que dura desde hace más de 50 años.

Cifras oficiales estiman que el conflicto armado en Colombia ha provocado cerca de 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Colombia es el último país sudamericano en el que todavía existen las guerrillas que surgieron en este continente a mediados del siglo XX.

El anuncio de la Habana, todavía por ratificar, es fruto de las conversaciones bilaterales que, desde 2012, las dos partes han mantenido bajo el auspicio de gobiernos regionales y observadores internacionales y que han incluido un proceso público participativo.

En el transcurso de estas conversaciones se han cerrado cuatro acuerdos —desarrollo agrario y rural, participación política, drogas y víctimas– pero para que esta paz sea creíble se debe cumplir en los próximos meses la concentración de las FARC en varias zonas preestablecidas y la verificación, por parte de Naciones Unidas, de la entrega de su arsenal.

Joaquín Villalobos, asesor del Gobierno colombiano este proceso, ha considerado que “el gran reto del posconflicto será pacificar en lugares donde la insurgencia, el paramilitarismo y la criminalidad se convirtieron, por la ausencia del Estado, en profesiones bien reconocidas, respetadas y remuneradas.”

Abrir oportunidades para la inclusión social y la participación política

Ello es particularmente cierto en las áreas rurales y en las áreas donde viven las minorías afrocolombiana e indígena, que han vivido secularmente al margen del estado y de sus servicios públicos, y que registran los índices de desarrollo humano más bajos del país.

Cabe recordar, además, que en el país existe también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la actividad de las bandas criminales o neo-paramilitares. Tal como escribió el ahora eurodiputado Ramon Jáuregui, a propósito de Colombia: “Apostar por las armas ya no es una opción, en un país al borde de la paz: a medio plazo, no subirse a ese tren es una decisión suicida para los propios integrantes de esa organización”.

Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, Leon Valencia, considera, que la clave es lograr la inclusión política. “Toda esta gente -en referencia a las guerrillas de las FARC y el ELN- se levantaron porque se sentían excluidas de la política, y hay que encontrar una manera de que se metan en la vida política del país“.

Se espera, para los próximos meses, la conversión de la guerrilla en un movimiento o partido político. Para hacer este proceso irreversible, se ha propuesto que los acuerdos se incorporen a la legislación colombiana y que sean ratificados mediante un referéndum. Este refrendo puede ser víctima de la polarización, el dolor y el resentimiento creado por medio siglo de violencia pero es ineludible para dar legitimidad a las reformas estructurales que necesita el país para afianzar la paz.

La imagen Firma de Acuerdo de Paz Colombia-FARC es de la Presidencia de la República Mexicana, en Flickr